TRUJILLO.- Un nutrido grupo de socios
del Servicio Social del Director y el Supervisor (SESDIS) junto a sus
familiares y varios dirigentes nacionales, protestaron hoy en la plaza de armas
de Trujillo, ante una resolución más de la controvertida Jueza del Juzgado Civil
de San Pedro con la que se pretende despojar del cargo al Prof. Juan Ortega
Choz y a su directiva, y exigieron su destitución.
En efecto desde principios de año, la jueza Victoria Ramírez Pezo viene emitiendo sendas resoluciones
contradictorias, con inusitada y prolífica celeridad procesal, en algunos casos
ni siquiera espera los recursos de la parte contraria, sino que en la práctica
actúa como abogada litigante pues emite resoluciones sin pedido de parte, dijo
Marcelo Murrieta Ríos, Director de Finanzas del Directorio Central que preside
Juan Ortega Choz.
A tal extremo ha llegado la mencionada
jueza que a pesar que mediante la resolución N° 30 del 17 de enero del 2014 ha
querido cambiar la administración de Ortega Choz en beneficio de Ernesto
Jiménez, un expulsado socio del SESDIS, y no ha querido aceptar una medida
cautelar ordenada en un amparo en contra de la mencionada resolución, que
ha suspendido los efectos y la eficacia jurídica de todas sus polémicas
resoluciones.
En respuesta al juzgado chiclayano la
jueza no acepta el amparo y pide “aclaración”, evidentemente en un intento de
dilatar el caso, además de amenazar con denuncias al juez chiclayano si insiste
en su medida cautelar; pero contradictoriamente en la misma resolución ordena
la ejecución del cambio de administración, pero al mismo tiempo ha emitido
otras resoluciones ordenando a un juzgado de paz letrado de Lince que ejecute
el descerraje de la sede de la institución, a lo que el juzgado limeño se ha
negado debido a serias incongruencias de la resolución, por lo que la jueza ha
cambiado su resolución ordenando al juez de turno de Lince que ejecute y
otorgue la ministración a Ernesto Quiroz.
Es tan evidente la parcialización de la
jueza con el bando encabezado por Ernesto Jiménez, que este último se ha
acercado a la comisaría de Lince para que se ejecute la orden de la jueza de
San Pedro, mostrando la resolución N° 34, cuando esta ni siquiera había sido
notificada a las partes ni subida al sistema informático judicial, es decir el
litigante la habría obtenido directamente de la jueza.
Por último los socios de SESDIS, según
manifestó Murrieta Ríos, exigen el pronunciamiento inmediato del Presidente la
Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Augusto Ruidías,
respecto a este escandaloso accionar de la jueza Ramírez Pezo, toda vez que ya
desde hace dos meses la ODECMA ha recibido las denuncias pero no ha accionado
de modo alguno probablemente porque su jefe Manuel Luján Túpez también está
procesado en el OCMA por su intromisión en este caso, explicaron.
La jueza también está denunciada
penalmente ante la Fiscalía Superior de Control Interno, y la semana pasada la
OCMA intervino sus discos duros, pero hasta el momento no se ha pronunciado por
la suspensión o destitución de la jueza, conforme lo solicitan los afectados en
esta larga novela judicial.
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