3/21/2014


TRUJILLO.- Un nutrido grupo de socios del Servicio Social del Director y el Supervisor (SESDIS) junto a sus familiares y varios dirigentes nacionales, protestaron hoy en la plaza de armas de Trujillo, ante una resolución más de la controvertida Jueza del Juzgado Civil de San Pedro con la que se pretende despojar del cargo al Prof. Juan Ortega Choz y a su directiva, y exigieron su destitución.

En efecto desde principios de año, la jueza Victoria Ramírez Pezo viene emitiendo sendas resoluciones contradictorias, con inusitada y prolífica celeridad procesal, en algunos casos ni siquiera espera los recursos de la parte contraria, sino que en la práctica actúa como abogada litigante pues emite resoluciones sin pedido de parte, dijo Marcelo Murrieta Ríos, Director de Finanzas del Directorio Central que preside Juan Ortega Choz.

A tal extremo ha llegado la mencionada jueza que a pesar que mediante la resolución N° 30 del 17 de enero del 2014 ha querido cambiar la administración de Ortega Choz en beneficio de Ernesto Jiménez, un expulsado socio del SESDIS, y no ha querido aceptar una medida cautelar ordenada en un  amparo en contra de la mencionada resolución, que ha suspendido los efectos y la eficacia jurídica de todas sus polémicas resoluciones.

En respuesta al juzgado chiclayano la jueza no acepta el amparo y pide “aclaración”, evidentemente en un intento de dilatar el caso, además de amenazar con denuncias al juez chiclayano si insiste en su medida cautelar; pero contradictoriamente en la misma resolución ordena la ejecución del cambio de administración, pero al mismo tiempo ha emitido otras resoluciones ordenando a un juzgado de paz letrado de Lince que ejecute el descerraje de la sede de la institución, a lo que el juzgado limeño se ha negado debido a serias incongruencias de la resolución, por lo que la jueza ha cambiado su resolución ordenando al juez de turno de Lince que ejecute y otorgue la ministración a Ernesto Quiroz.

Es tan evidente la parcialización de la jueza con el bando encabezado por Ernesto Jiménez, que este último se ha acercado a la comisaría de Lince para que se ejecute la orden de la jueza de San Pedro, mostrando la resolución N° 34, cuando esta ni siquiera había sido notificada a las partes ni subida al sistema informático judicial, es decir el litigante la habría obtenido directamente de la jueza.

Por último los socios de SESDIS, según manifestó Murrieta Ríos, exigen el pronunciamiento inmediato del Presidente la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Augusto Ruidías, respecto a este escandaloso accionar de la jueza Ramírez Pezo, toda vez que ya desde hace dos meses la ODECMA ha recibido las denuncias pero no ha accionado de modo alguno probablemente porque su jefe Manuel Luján Túpez también está procesado en el OCMA por su intromisión en este caso, explicaron. 

La jueza  también está denunciada penalmente ante la Fiscalía Superior de Control Interno, y la semana pasada la OCMA intervino sus discos duros, pero hasta el momento no se ha pronunciado por la suspensión o destitución de la jueza, conforme lo solicitan los afectados en esta larga novela judicial.

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