Exigen destitución de jueza

LA LIBERTAD.- La jueza Victoria Ramírez Pezo, titular del Juzgado Civil de San Pedro de Lloc, fue denunciada ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) por socios del SESDIS, debido a su irregular actuación en este sonado caso, al haber emitido sendas resoluciones que ponen en peligro la estabilidad jurídica y el patrimonio de esa institución que agrupa a cerca de 15 mil cesantes.

Si bien su juzgado ve el caso desde el 2012, es en enero de este año cuando la actitud de la jueza cambia radicalmente, es precisamente el 21 de enero en Audiencia Única, por el expediente 222-2012 sobre Ministración de Posesión de Cargo, en la etapa de saneamiento procesal, declaró fundada una excepción de incompetencia, la misma que fue impugnada, mediante recurso de apelación en el mismo acto de audiencia, adjuntándose al día siguiente la tasa respectiva. La jueza emitió entonces la resolución N°26 del 24 de enero, concediendo la apelación con efecto suspensivo, consecuentemente el siguiente acto era enviar los cuadernos principales y anexos a la instancia superior, sin embargo, la jueza Ramírez Pezo jamás elevó ni remitió lo actuado.

Ya lanzada en su irregular actuación, la jueza emite  dos resoluciones más la N°30 (del 17 de enero) y la N°31 (del 21 de enero), ambas son apeladas de inmediato, pero lo grave es que la mencionada Resolución N° 31 es expedida de oficio, sin que nadie se lo pida, cuando el art. N°608 del Código Procesal Civil establece que en el procedimiento cautelar todo es a pedido de parte, es decir la jueza en la práctica actuó como la abogada de la parte contraria. Y eso no es todo, la famosa resolución N° 31 modifica su propio fallo de la resolución N° 30, cuando no existía ningún punto pendiente de aclaración ni de pronunciamiento.

En el colmo de la parcialidad, la jueza Ramírez Pezo, a pesar de haber aceptado la apelación, con efecto suspensivo, mediante la Resolución N° 32 (del 28 de enero), durante tres días se negó a remitir todo a la Sala, conforme ordena la norma, aduciendo que los demandados todavía podían presentar un escrito que ella debía proveer, cuando desde el momento que había concedido la apelación, el caso quedaba fuera de su jurisdicción.  Pero si todo esto fuera poco, la jueza ha manifestado su predisposición de emitir una resolución más, cambiando una vez más su propio fallo en el sentido de conceder la apelación sin efecto suspensivo.

Para coronar su actuación irregular y demostrando su imparcialidad, la jueza ha remitido un exhorto al Juzgado de Paz letrado de Lince para que ejecute sus cuestionadas resoluciones N°30 y 31, otorgando la ministración a la parte contraria y ordenando incluso el descerraje de los locales de SESDIS, a pesar que por otro lado había concedido la apelación de sus propias resoluciones con efecto suspensivo, un sinsentido total.

Es decir son fallos contradictorios, la jueza sigue emitiendo resoluciones pidiendo la ejecución de sus resoluciones sin dar trámite a la apelación remitiendo todo a Sala. Todo esto ha motivado que sea denunciada por inconducta funcional ante OCMA y sea solicitada su inmediata destitución, por mellar de manera escandalosa la imagen del Poder Judicial.