Mercedes Aráoz a un paso de renunciar

LIMA.- “Si el Partido Aprista considera que no debo ser la candidata, yo me retiro. No tengo ninguna obligación ni quiero obligarlos a algo que no les sea funcional. Si los perjudica, con mayor razón. No voy a hacerles daño. No tienen por qué obligarse por culpas que no tengo, además”, expresó hoy la candidata presidencial aprista, Mercedes Aráoz.

La candidata, quien ayer dijo que no volvería a hablar del Caso Del Castillo, indicó hoy que la posibilidad de que renuncie a su postulación por el enfrentamiento con Del Castillo, sigue en pie. “Él se comprometió a que si su caso no se resuelve antes del 19, él da un paso al costado”, confirmó en entrevista a Radio Capital.

En ese sentido, subrayó que si el dirigente no se limpia hasta ese día e insiste en postular, ella “sí” renunciaría “porque la cosa llega a un punto”.

SORPRESA POR DENUNCIA

Aráoz también expresó su sorpresa por la denuncia 13-2010 presentada ante la fiscalía, la misma que -según “Caretas”- la comprende como ministra de Economía por supuestas irregularidades en la exportación de gas de Camisea.

Los delitos incluyen el cohecho propio pasivo, la asociación ilícita para delinquir y el enriquecimiento ilícito. En octubre de 2010, la Fiscal de la Nación Gladys Echaíz habría dejado el caso “por resolver”.

“Recién me entero que tenía una acusación de esa naturaleza. Así que… ¿de dónde habrá salido? ¿Qué tengo que ver con el tema del gas? No me han notificado en lo personal. (...) Llama la atención que ahora surja una acusación fuera de lugar. Vaya uno a saber por qué salió a la prensa de esa manera”, expresó Aráoz hoy.

La publicación también informa que la denuncia comprende a Javier Velásquez en su condición de ex primer ministro, Pedro Sánchez (Energía y Minas) y Adolfo de Córdova (Agricultura), y los representantes del Consorcio Camisea y Perú LNG.

TAMBIÉN QUESADA

“Caretas” también indica que la web Vanguardia Aprista informó que Omar Quesada, quien pretende encabezar la lista aprista por Ayacucho, tiene 12 juicios abiertos por delitos contra la administración pública referidos a su paso por el gobierno regional de esa región.